Visto bueno de OGP a proyecto para reducir jornada laboral

La agencia entiende que generaría ahorros de hasta $133 millones

miércoles, 15 de julio de 2015 - 1:21 PM
Actualizado en: miércoles, 15 de julio de 2015 - 6:01 PM

Por Sara Del Valle Hernández

La representante de la OGP, la licenciada Wanda Pérez Álvarez, junto a la Lcda. Karen González Sepúlveda, directora auxiliar de Ocalarh. (Luis Alcalá del Olmo)


La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) apoyó este miércoles, con enmiendas, un proyecto de la Cámara de Representantes que les permitiría a los empleados públicos llegar a acuerdos voluntarios de reducción de jornada semanal con sus respectivos patronos, tras aducir que la medida “puede generar ahorros sustanciales en las diversas dependencias del Gobierno”.

Durante una vista pública de la comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, la representante de la OGP, la licenciada Wanda Pérez Álvarez, ayudante ejecutiva del director de esta agencia, Luis F. Cruz Batista, señaló que en el caso de un empleado cuyo sueldo bruto mensual sea de $2,270, el ahorro anual sería de $5,040. En el otro lado del espectro, el de un empleado que gana mensualmente $5,035, la economía sería de $11,136 al año.

Al analizar la nómina del gobierno que es pagada por el Fondo General, si un 90 por ciento de los empleados públicos se acoge a la reducción propuesta en la medida, se generaría un ahorro de $133,258,000. Este cálculo no incluye a las agencias que ofrecen servicios de educación, salud y seguridad, entre otras que podrían estar excluidas.

En el caso de que un 50% se acojan, el ahorro sería de $74,032,000. Mientras con un 10%, la economía ascendería a $14,806,000.

Por el lado de las enmiendas, Pérez Álvarez indicó que el Proyecto de la Cámara 1984, de la autoría del representante Efraín de Jesús Rodríguez, debe contar con disposiciones que salvaguarden “la prestación ininterrumpida” de servicios esenciales.

“Ello (el no excluir empleados) puede traer como consecuencia un alto número de solicitudes en ciertas áreas de servicio que son indispensables, como por ejemplo, aquellas que ofrecen servicios de salud, educación y seguridad. Esto a su vez puede crear un disloque en la prestación de estos servicios esenciales y en la continuidad y buena marcha de la gestión pública”, leyó Pérez Álvarez.

“Conforme a ello, sugerimos que en el trámite legislativo de la medida se incluyan disposiciones que salvaguarden la prestación ininterrumpida de estos servicios y se cualifique de forma específica los empleados que, por la naturaleza de sus funciones, quedarían excluidos de los propuesto. Por ejemplo, doctores, enfermeros, guardias correccionales, policías que brinden servicios activos de seguridad, y maestros, entre otros”, agregó.

El Proyecto de la Cámara 1984 busca emendar la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de que los empleados del gobierno tengan derecho a reducir voluntariamente su jornada laboral en el equivalente a un día por semana.

Según la exposición de motivos del proyecto, mediante esta ley se procura fomentar que los servidores públicos y sus respectivos patronos puedan llegar a acuerdos voluntarios de reducción de jornada semanal que redunde en beneficios para aquellos empleados que lo requieran.

La Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh) y el Departamento de Justicia también ofrecieron ponencias ante la citada comisión. En el primer caso, la Ocalarh entendió innecesaria la aprobación de la medida, dado a que algo similar ya existe a través de una orden ejecutiva de 2005.

Por su parte, Justicia, que envió su ponencia por escrito, apuntó que no ve impedimento legal para la aprobación de esta medida, porque no altera las leyes y reglamentos existentes en torno a la jornada laboral de los empleados públicos.

Durante el turno de preguntas de los legisladores, la representante penepé Jenniffer A. González Colón trajo a colación su preocupación en torno a si la medida afectada cosas como la antigüedad de los empleados o su retiro. Las funcionarias presentes señalaron que tendrían que estudiar eso caso a caso.

Asimismo, González Colón cuestionó cómo la nueva para iniciar la reorganización gubernamental, firmada el martes por el gobernador interino David Bernier, incidía sobre esta medida.

“A mí lo que me preocupa es que la orden ejecutiva nueva, que firmó Bernier, lo que hace es que se gobierne por decreto. ¿Por qué? ¿Cúal es la necesidad de estar presentando órdenes ejecutivas que no siquiera saben cuánto es al ahorro para el fisco. ¿Por qué no radican proyectos de ley que se vean en vistas públicas?”, expresó González Colón al finalizar la vista pública.

“Aquí estamos hablando de literalmente transferir empleados entre agencias de gobierno violentando lo que son los linderos entre agencias, los derechos adquiridos…”, agregó la legisladora.

El presidente de la comisión de Asuntos Laborales, el representante Jesús Santa Rodríguez, informó durante la vista pública que como parte de los trabajos para generar discusión sobre el proyecto, se le había pedido su opinión a la Unión General de Trabajadores (UGT), Servidores Públicos Unidos (SPU) y Federación Central de Trabajadores. Sin embargo, al momento de la vista, la comisión no había recibido ninguna comunicación de estos sindicatos, dijo.