viernes, 29 de junio de 2018

Orden Administrativa OA-2018-8

Aafaf centralizará contratación de planes médicos para todas las agencias

Por  el 29 de Junio de 2018

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), anunció que, a partir del 1 de enero de 2019, se centralizará la negociación y contratación de los planes de seguro médico de los empleados públicos, incluyendo los que laboran en las corporaciones públicas, conforme a la Ley 26-2017.

La informacion se dio a conocer por medio de declaraciones escritas.

El director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo J. Portela Franco informó que se emitió una Orden Administrativa que instruye a las corporaciones públicas a participar en el proceso que actualmente realiza la Administración de Seguros de Salud (ASES) para los empleados del Gobierno Central bajo la Ley 95-1963.

“Esta iniciativa permite que se negocie y contrate a mayor escala, lo que se espera que genere eficiencias y ahorros, mientras se mantienen los mismos servicios y beneficios a los empleados públicos”, explicó el jefe de la AAFAF.

El funcionario señaló, que esta medida no afecta la aportación patronal que realiza el Gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas para el pago de los planes de seguro médico de los empleados. Portela Franco añadió que esta medida “es otro paso adicional que encamina al Gobierno hacia la responsabilidad fiscal, mientras que viabiliza la implementación de la movilidad y el concepto de empleador único”.

sábado, 21 de abril de 2018

Veranazo AEGAAA 2018


jueves, 29 de marzo de 2018

Asamblea Extraordinaria Plan Médico AAA

Comunicado Asamblea Extraordinaria

jueves, 2 de marzo de 2017

Se queda corto el gobernador con el Plan Fiscal

Published on Tuesday, 28 February 2017 19:21
Written by CyberNews

LA FORTALEZA (CyberNews) - Aunque su Plan Fiscal está corto por 800 millones de dólares, para cumplir con la cantidad sugerida por la Junta de Control Fiscal en un plazo de dos años, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró el martes que si se utiliza un cálculo matemático distinto, logró el objetivo impuesto por la entidad federal.
“En términos del aumento en ingresos, llegamos prácticamente a lo que nos pidió la Junta. En términos de reconfigurar el Gobierno (Rightsizing of Goverment), si añadimos la Universidad de Puerto Rico, básicamente nos quedamos como 50 o 100 millones de dólares por debajo. En los costos del sistema de Salud, nos quedamos en 700 millones por debajo y en las pensiones, nos quedamos 100 millones de dólares por debajo. O sea, que cuando lo sumamos, estamos en 850 millones por debajo”, dijo el gobernador en un resumen del plan que ofreció a los periodistas, previo a su mensaje ante la Legislatura.
“La JCF parte de una premisa de base económica de contracción de 17 por ciento. Esto rara la vez ha pasado en cualquier parte el mundo. Eso sería un colapso total en la economía. Nosotros hemos trabajado con nuestros economistas y hemos visto lo que han sido los datos recientes, venta de cemento, recaudos en el IVU, reducción en las quiebras. Y añadiendo todas las reformas que hemos pasado de permisos, laboral y reforma contributiva y por lo tanto entendemos que hay un ahorro-si utilizamos como estimado los modelos de contracción del pasado (de 1 a 3 por ciento)- hay un ahorro ahí de 850 a 890 millones de dólares. O sea que los 800 millones que estamos por debajo, cuando rehacemos la base económica, cumplimos con los objetivos de la Junta de reducción en el plazo de dos años”, añadió.
Como parte de las medidas a implantar en el Plan Fiscal, Rosselló Nevares mencionó aumentar las cuantías de pagos por concepto de multas y compras de sellos, aumentar la captación del impuesto de ventas y uso (IVU) y la extensión a la Ley 154 de impuesto a las empresas foráneas.
Estas medidas se estimaron en 1,470 millones de dólares.
En lo que tiene que ver con el gasto gubernamental, se propone aumentar de dos a cuatro por ciento lo que se conoce como atrición o congelar y no renovar todas las plazas no esenciales de empleados que se retiran del Gobierno. Además, propuso recortar los beneficios marginales de los empleados de corporaciones públicas y equipararlos a los que reciben el resto de los empleados del Gobierno. Ambas propuestas se estimaron en 400 millones de dólares.
Otra de las propuestas tiene que ver con recortar de 30 a 15 los días por vacaciones a los empleados públicos.
Se propone, además, eliminar paulatinamente por dos años, los subsidios que reciben los municipios. En cambio, se recomienda una retasación de las propiedades por concepto del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). Asimismo, se pasará legislación para permitir que los municipios puedan crear consorcios incentivados por ley, que permitirá crear unas regiones administrativas para desarrollo económico, permisos, acceso a fondos federales, etc. Otra propuesta, aunque esta tomará tiempo adicional, es traspasar funciones y servicios del Gobierno a los municipios con las partidas presupuestarias correspondientes.
Asimismo, se van a eliminar los incentivos contributivos que actualmente no producen los resultados prometidos
Este paquete de propuestas, que incluyen los 300 millones en recortes de la Universidad de Puerto Rico, suman 1,800 millones de dólares.
Para los recortes en el Plan de Salud del Gobierno, propuso reducir el porcentaje administrativo que reciben las compañías aseguradoras.
El estimado en ahorro es de 100 millones de dólares. De igual forma, con estrategias para detectar e impactar el fraude, se pretende ahorrar 90 millones de dólares. También, con el costo de medicamentos reducidos se estima una reducción en gasto de 60 millones de dólares.
La propuesta incluye además, que se hagan restricciones en el uso de servicios. Puso como ejemplo, que en vez de tener citas de limpieza con dentistas de forma aleatoria, que se establezca que serán no más de dos limpiezas por año. El gobernador asegura que en total el ahorro alcanza los 300 millones de dólares.
Finalmente, para los pensionados propuso que aquellas pensiones de dos mil dólares o menos no tengan ningún tipo de recorte.
No obstante, las que son de dos mil dólares en adelante tendrán que pagar contribuciones como si fueran salario.
“Esperamos que la junta acepte estas propuestas” expresó el primer ejecutivo.


lunes, 20 de febrero de 2017

Gerenciales del Fondo rechazan la privatización

miércoles, 15 de febrero de 2017 - 2:00 PM
Por Inter News Service


El presidente de la Asociación de Gerenciales de la CFSE manifestó su confianza en que no se instaure un proceso de extracción de servidores públicos para transferirlos al sector privado. (Archivo/GFR)

El presidente de la Asociación de Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), José Ortiz Torres, rechazó hoy los planes de privatización en la agenda del administrador Jesús M. Rodríguez Rosa, anticipados en días reciente al país.

“La privatización de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado es un error que acarrearía consecuencias nefastas, tales como las que hoy presenta el sistema de salud gubernamental”, manifestó con convicción el licenciado Ortiz Torres.

Aunque difiere de algunas estadísticas fiscales ofrecidas por el nuevo administrador, el dirigente gremial coincide con el objetivo de mejorar la eficiencia en el servicio a los lesionados y patronos, con lo cual colaborarán como gremio gerencial que agrupa a ejecutivos, directores, supervisores y todo tipo de profesional.

“El traspaso de la CFSE, ya sea mediante Alianzas Publico Privadas (APP) o privatización total de los servicios que ofrecemos al País a una aseguradora privada, significará el despido de dos mil o más empleados, ya sean gerenciales o unionados”, advirtió.

Esto provocará, además, “un problema de las reservas de compensaciones vitalicias, ya sean por incapacidad o muerte, por lo que la responsabilidad final recaerá en la CFSE, la cual todos sabemos que esta insolvente”, destacó Ortiz Torres.

En tono firme, el presidente de la Asociación de Gerenciales de la CFSE manifestó su confianza en que no se instaure un proceso de extracción de servidores públicos para transferirlos al sector privado pues, de así ocurrir, estos empleados perderían sus años de servicio, lo que afectaría adversamente su cotización en su sistema retiro y otros beneficios adquiridos.

Sobre la situación fiscal de la CFSE, Ortiz Torres manifestó que no es la primera vez que entraría en un déficit operacional o actuarial, así como que “anteriores administradores eficaces han devuelto a la CFSE su solvencia económica”.

Sobre lo que llama “el menoscabo” de la cartera de inversiones del ente público, Ortiz Torres hizo un llamamiento al gobierno y a la Junta de Control Fiscal para que cesen de presentar legislación que asignen presupuesto, “sustrayendo millones de dólares a esta o a la reserva”.

“La CFSE no deberá ser privatizada puesto que ya son ocho décadas sirviendo su designio social, legal y económico al país”, acotó el letrado y gremialista.